Por Juan Pablo Ojeda
Servidores públicos del Instituto Nacional Electoral habrían recibido depósitos bancarios de empresas y personas que al mismo tiempo eran proveedoras del organismo, según hallazgos que el titular de su Órgano Interno de Control expuso ante legisladores y que este martes documentó El Universal.
El diario reporta que Víctor Hugo Carvente Contreras presentó esa información el 9 de septiembre pasado, cuando acudió a la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados para rendir el Informe Previo de Gestión y Resultados 2026.
“Hemos detectado recepción de depósitos bancarios con quien el INE contrató servicios, es decir, personas que eran proveedoras; detectamos servidores públicos que no declararon su participación como accionistas de empresas”, dijo entonces el contralor, de acuerdo con la cita recogida por el periódico.
Además de esos depósitos, el titular del OIC habló de omisiones de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos en las declaraciones patrimoniales de personal del instituto. Se trata de uno de los datos más relevantes del informe, pero, según El Universal, no generó cuestionamientos por parte de los diputados presentes.
La publicación sostiene que la investigación interna comenzó hace más de seis meses y que está relacionada con contratos presuntamente irregulares asignados a proveedores cercanos a Guadalupe Taddei, quien ya dejó la presidencia del Consejo General. A pesar del tiempo transcurrido, no se han presentado denuncias.
Los hallazgos del OIC, apunta el diario, coinciden con líneas de investigación abiertas por la Auditoría Superior de la Federación y por la Unidad de Inteligencia Financiera. El propio medio había informado antes que la ASF identificó a 57 personas físicas que obtuvieron contratos del INE mientras ocupaban cargos dentro de la institución.
En su balance semestral, Carvente informó la sanción de seis servidores públicos con multas por 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años, por conductas como uso de documentación falsa, abuso de funciones y nepotismo. También presumió recuperaciones por 138 mil 649 pesos y ahorros por 131 mil 144 pesos en viáticos.
El contralor solicitó una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que, según explicó, el SAT no le permite acceder a datos fiscales y bancarios de los altos mandos del INE. Esa restricción, afirmó, deja a la Contraloría “institucionalmente incapacitada” para detectar oportunamente triangulaciones y conflictos de interés.
El reportaje también describe críticas de especialistas y observadores electorales hacia la actuación del OIC, al que acusan de haber usado sus facultades para presionar a consejeros críticos de la expresidenta. Como ejemplo, se menciona la reactivación, a finales de 2025, de una queja de 2021 contra las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel y el consejero Jaime Rivera, quienes la calificaron como una “vergonzosa cacería de brujas”.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, confirmó la existencia de las indagatorias y explicó que no han concluido porque se debe respetar el debido proceso. En contraste, el panista Elías Lixa anunció un punto de acuerdo para citar al contralor a comparecer.
Los órganos internos de control son las instancias encargadas de investigar y, en su caso, sancionar faltas administrativas de los servidores públicos de cada institución, por lo que su papel resulta central para determinar si las conductas descritas constituyen infracciones.
En el caso de las faltas graves, la legislación prevé que los expedientes sean turnados al tribunal competente, un paso que, según lo publicado, todavía no se ha concretado en este asunto.
El debate en la Cámara de Diputados podría definir en los próximos días si el contralor es llamado a explicar el estado de las indagatorias.
Los señalamientos se mantienen en etapa de investigación administrativa y no existe una determinación definitiva sobre la responsabilidad de las personas involucradas.
